27 jun 2026
La Alcaldesa Grecia Quiroz acudió a la SCJN contra la reforma que limita a los candidatos independientes en Michoacán.
Bajo la figura de amicus curiae, la Alcaldesa de Uruapan, Grecia Quiroz, presentó este jueves un recurso ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) contra las modificaciones al Código Electoral de Michoacán que limitan la participación independiente.
La funcionaria e integrante del “Movimiento del Sombrero” solicitó formalmente al Alto Tribunal revisar los nuevos lineamientos que limitan el actuar de las candidaturas independientes en el estado.
PublicidadEn sus plataformas digitales, Quiroz expuso que la modificación legislativa obstaculiza la organización ciudadana externa a las estructuras de los partidos políticos tradicionales.”Esta reforma representa un grave retroceso democrático, porque limita la participación ciudadana, restringe la vía independiente y coloca obstáculos que afectan directamente el derecho de las personas a organizarse”, argumentó.
De acuerdo con el posicionamiento de la Presidenta Municipal, la vía independiente constituye un derecho constitucional y no una concesión del poder público.
PublicidadPor ello, solicitó de manera directa la intervención del Ministro Presidente de la Suprema Corte, Hugo Aguilar Ortiz, y del resto de los integrantes del Pleno, bajo la consideración de que las restricciones afectan las garantías político-electorales de sectores con menor representatividad y de la ciudadanía en general de cara a los comicios de 2027.”Que se escuche la voz ciudadana, que se revise con responsabilidad esta reforma y que se protejan los derechos político-electorales de quienes decidimos participar desde una vía libre, independiente y ciudadana”, indicó en una foto en la que aparece con el documento a lado de Hugo Aguilar Ortiz.
Hoy más que nunca es necesario defender la participación política de todas las personas, especialmente de quienes históricamente han enfrentado mayores obstáculos para ser escuchados y representados. Michoacán no puede retroceder. México no puede permitir que se cierren las puertas a la participación ciudadana. La democracia no se defiende limitando al ciudadano; se defiende abriendo caminos para que el pueblo pueda decidir libremente quién quiere que lo represente”, posteó.La inconformidad surge a raíz de los cambios al Código Electoral de Michoacán avalados el 27 de mayo en una sesión extraordinaria del Congreso local por 34 votos a favor y tres en contra.
El nuevo marco legal prohíbe que los aspirantes independientes operen en bloques colectivos, realicen alianzas formales, coordinen campañas, compartan propaganda o utilicen emblemas y símbolos comunes que sugieran la existencia de una agrupación unificada.Los legisladores promoventes del bloque de Morena y el Partido del Trabajo (PT) defendieron el dictamen al señalar que los independientes deben apegarse a un carácter estrictamente ciudadano e individual. Argumentaron que si una organización civil pretende operar como una estructura política permanente, debe transitar obligatoriamente por el proceso de registro formal que rige a los partidos políticos.Por su parte, la Presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, descartó esta semana que los cambios legales en Michoacán tengan la intención específica de frenar al “Movimiento del Sombrero” o bloquear aspiraciones particulares rumbo a la renovación de la gubernatura.La Mandataria federal explicó que, según informes de la Secretaría de Gobernación, el objetivo es homologar las reglas y requisitos fiscales y operativos de los candidatos independientes con aquellos exigidos a los partidos de nueva creación.
A la defensa legal promovida por Quiroz -viuda del ex Alcalde Carlos Manzo, asesinado en noviembre de 2025- se sumó una acción de inconstitucionalidad anunciada por el dirigente de Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Máynez, quien calificó la reforma como un bloqueo intencional de la bancada mayoritaria local.La reforma michoacana, además de limitar la figura colectiva de los independientes, incorporó lineamientos que decretan la nulidad total de una elección cuando se compruebe que el crimen organizado afectó la libertad de sufragio en más del 20 por ciento de las casillas de un distrito o municipio.
